Por provincias, las que obtuvieron un mayor número de dispositivos fueron Valencia, con 359; Sevilla, con 235; y Tenerife, con 246. Las provincias en las que no se entregó ningún teléfono móvil fueron Zaragoza, Álava y las islas de Lanzarote y Hierro.

El Consejo de Ministros acordó el viernes destinar un total de 3,5 millones de euros al servicio de teleasistencia móvil para mujeres víctimas de violencia de género. Asimismo aprobó otros 5,9 millones para los convenios de colaboración con entidades locales para el desarrollo de teleasistencia a personas mayores. 

Según datos oficiales, en la actualidad, más de 5.499 mujeres utilizan este servicio público que gestiona el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Para acceder al mismo se requiere una orden de protección por parte del juez. 

La secretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, aseguró este sábado en declaraciones a Europa Press que el número de teléfonos ofrecidos por el Gobierno son "insuficientes" para atender a todas las víctimas de la violencia de género y recordó que el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, prometió 20.000 móviles en el 2004. 

Según la dirigente ´popular´, los datos con los que cuenta su partido se limitan a 6.000 teléfonos puestos a disposición de las víctimas de violencia de género en 2004 que se suman a otros 2.998 más entregados durante el pasado ańo. Según Pastor, estos datos ponen de manifiesto "una falta de coordinación y operatividad" del Gobierno en el servicio de teleasistencia. 

A su juicio, el Ejecutivo "no está haciendo lo suficiente" por la protección de las mujeres que sufren la violencia doméstica y consideró que la dotación presupuestaria en los Presupuestos Generales para el próximo ańo contra la violencia de género "no es suficiente". Dicho esto, criticó que el fondo para la asistencia social integral contra la violencia "no esté por ninguna parte" en las dotaciones para el próximo ańo. 

En este sentido, Pastor consideró un "error" el hecho de que el Ejecutivo no haya aceptado ninguna de sus propuestas en cuanto a los recursos para atajar la violencia de género. "Propusimos - recordó - ampliar la dotación para la violencia a 16 millones, siete más para las comunidades, seis para el plan de prevención, uno más para el observatorio de violencia, 1.615 millones para acciones judiciales y 50.000 euros para efectivos policiales".

Para finalizar, Pastor afirmó que "el principal problema" de la Ley Integral es que el Plan de sensibilización y prevención "continúa sin aprobarse". "Llevamos dos ańos y medio esperando que el Gobierno tome alguna medida para favorecer el cambio cultural y de mentalidad que erradique la violencia y seguimos esperando que se pongan en marcha los planes personalizados de atención a las víctimas y que se apruebe el plan de prevención", denunció.