Actualizado a las 16:25:26 del día 24/01/2001

PANORAMA-ACTUAL. La repercusión económica de la sentencia de la Audiencia Nacional que anula la congelación salarial de los empleados públicos desde 1997 podría alcanzar en la Comunidad Valenciana los 63.000 millones de pesetas y afectaría a unos 120.000 trabajadores, según responsables del Area Pública de CCOO-PV.  

     El secretario general de este sindicato, Joan Sifre, señaló que aunque el ámbito de aplicación de la sentencia son los trabajadores de la denominada Administración Periférica del Estado, que en la Comunidad Valenciana son entre 8.000 y 10.000, la decisión debe extenderse a todos los funcionarios.  

"Si las directrices del ministro de turno se aplican de forma automática en todas las Administraciones, exigiremos el mismo principio pero a la inversa; si la congelación salarial afectó a todos los funcionarios, independientemente de la Administración, exigimos que la sentencia también afecte a todos", indicó Sifre.  

Las estimaciones presentadas por CCOO-PV afectarían a los funcionarios dependientes de la Generalitat Valenciana, que deberían percibir unos 50.000 millones de pesetas, y a los de las Administraciones locales que recibirían cerca de 13.000 millones.  

En la Generalitat Valenciana trabajan cerca de 100.000 funcionarios, de los que 42.000 lo hacen en Sanidad, 40.000 en Enseñanza pública no universitaria, 14.000 en la Administración Pública y 4.000 en Justicia.  

Por otra parte, según los responsables del sindicato, "por analogía" la sentencia afectaría a las universidades y a otros organismos autónomos cuya subida salarial depende de la que se determina en la Ley de Presupuestos, como los empleados de la enseñanza privada concertada o de empresas públicas.  

La responsable de Sanidad de CCOO-PV, Teresa Conca, señaló la importancia de la sentencia ya que "más allá del interés económico, se nos reconoce el derecho a la negociación colectiva que el Gobierno ha estado secuestrando constantemente".  

Por su parte, el secretario general de Enseñanza, Manuel Picó, indicó que con este fallo "se ha empezado a acabar con la inmunidad del Gobierno respecto a la negociación colectiva, ya que sistemáticamente se negaba a negociar o incumplía los acuerdos firmados".  

Picó destacó el reconocimiento explícito en la sentencia de los temas que deben negociarse como las retribuciones, las materias que las partes estimen oportunas y el establecimiento de acuerdos sobre materias competencia del Consejo de Ministros, de las comunidades autónomas o de las entidades locales.  

El responsable de Enseñanza informó que ya se han dirigido a la Generalitat Valenciana para que se convoque "inmediatamente" la mesa general de negociación y para determinar cuál va a ser la aplicación de la sentencia en la Comunidad Valenciana.  

"La Generalitat debe aplicar la sentencia y negociar en aquellos órganos que sean de su responsabilidad ya que este fallo obliga a la Administración a sentarse y negociar las cantidades", añadió Picó.  

Picó indicó que la sentencia también afecta a la Generalitat Valenciana porque los sindicatos firmaron con esta Administración un acuerdo, que CCOO-PV recurrió hace dos años y que aún no ha sido resuelto, similar al que se consignó a nivel estatal y cuyo incumplimiento motivó la denuncia presentada por CCOO que ahora ha sido resuelta.